Una buena estimación de los ingresos garantiza una economía saneada, y los de este año están hinchados, mal calculados, poniendo en riesgo el funcionamiento de los servicios. Además, tenemos una excesiva dependencia de transferencias externas frente a los recursos propios que se basan en una subida de tasas e impuestos indiscriminada e injusta.

En definitiva es como hacer trampas jugando al solitario.

En lo relativo a los gastos previstos, lejos de la tan cacareada política de contención del gasto corriente, incurre en un incremento del mismo. Profundizamos alquileres y compra de inmuebles sin dar solución al patrimonio municipal que tenemos en ruina, y asumimos deudas por la mala gestión de los años anteriores, como el gravoso contrato de la limpieza viaria. En personal, hay dos aspectos con los que expresamos nuestra disconformidad: la creación de un  “técnico de medios de comunicación”, contratado a dedo, lo que supone incrementar plantilla para no prestar de servicios esenciales. Y la amortización un fontanero, lo que sumado a la subida desproporcionada de la tasa, nos lleva a la privatización de la gestión del abastecimiento de agua, a lo que nos oponemos frontalmente.

IU Aragón presentará en todas las Comarcas en las que tiene representación una moción en la que insta al Gobierno de Aragón a incrementar la dotación presupuestaria para transferir a las Comarcas y así prestar los servicios que tienen asumidos, con suficiencia y calidad. Además, IU incluye en esta iniciativa solicitar al consejero de Política Territorial la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, como Presidente de la misma, al objeto de valorar el convenio interadministrativo de financiación de los medios personales y materiales para los servicios transferidos.

Cabe recordar que el artículo 9. 4 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón establece que “no cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la previsión de la correspondiente financiación,….”.

Sin embargo, las transferencias incondicionadas del Gobierno de Aragón para la prestación de los servicios asumidos por las Comarcas no han tenido actualización del IPC desde la creación de esta nueva Administración en el año 2002, además de verse reducidas en los dos últimos años, 2010 y 2011, y se prevé reducir nuevamente un 9,62% para el 2012, según el Proyecto Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, las leyes de creación de las diferentes Comarcas aragonesas establecen las competencias a asumir y desarrolladas con posterioridad con acuerdos en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias.  Así mismo, en la ley de creación de estas administraciones se establece como una de las fuentes de ingresos las transferencias de capital de la Comunidad Autónoma por trasferencia o delegación de competencias, que entre otras cosas, asumen en diferentes materias.

Ante esta situación, IU, que advierte que “esto pone en peligro la financiación de estos servicios, que son fundamentalmente de carácter social”, ha decidido presentar esta moción en todas las Comarcas en las que tiene representación. En  Tarazona y El Moncayo será presentada para su debate y votación mañana por el portavoz de Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida, José Miguel Montijano.

Iniciativa en Las Cortes

Cabe recordar que el grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón presentó el pasado mes de diciembre una moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Cámara y en la que reclamó al Gobierno de Aragón a adoptar “las medidas económicas oportunas para que las entidades locales puedan ejercer y atender sus competencias y servicios con garantía y suficiencia hasta que se reordenen estas competencias”.

Además, a través de esta iniciativa de IU, las Cortes solicitaron al Ejecutivo que elabore, junto con el Observatorio de las Comarcas de Aragón, un informe de evaluación del proceso de comarcalización que permita analizar los efectos y las incidencias ocurridas en el territorio tras la implantación de esta nueva Administración y propusieron evaluar los mecanismos de financiación y reforzar la dotación.

En cuanto al Proyecto de Ley de Presupuestos, el portavoz de IU en la Comisión de Política Territorial, Luis Ángel Romero, señala que una vez conozcamos el nuevo proyecto, su grupo parlamentario presentará enmiendas en el capítulo de Comarcalización para garantizar que no se recorte ese 9,62% para el 2012.

Colectivo de Convergencia – Izquierda Unida mostró su desacuerdo con un descenso presupuestario, que excluidas las aportaciones extraordinarias externas del Plan Turístico, es del 36% respecto al 2010.

Colectivo de Convergencia – Izquierda Unida votó en contra del documento de presupuestos de la Comarca de Tarazona y el Moncayo para el 2012, aprobados ayer por la tarde en el Consejo Comarcal con los votos favorables del PP y el PAR. El Portavoz comarcal de CC – IU, José Miguel Montijano, valoró positivamente el cambió en el orden presupuestario y mostró la voluntad de colaboración y trabajo de su grupo, pero pidió una mayor ambición para incrementar los ingresos presupuestados, y no dejar así desasistidas las necesidades de la Comarca.

Según Montijano “las administraciones públicas deben hacer el máximo esfuerzo para mantener los servicios que prestan y eso es empleo, sin embargo la rebaja planteada no va por ahí”. Para ello, instó al presidente Val que reclame al Gobierno de Aragón los recursos para financiar las competencias asumidas por la Comarca, fundamentalmente de carácter social.

El portavoz de CC – IU,  destacó la bajada general del gasto en acción social, cultura, juventud y participación ciudadana; y mostró su desacuerdo con la desaparición de los mecanismos de apoyo a los municipios, al tejido asociativo o la eliminación de ciertos programas culturales, de juventud, el comedor del taller ocupacional, o de atención al inmigrante.

La subida media total de las tasas representa un 12%, frente al 3% vendido por el PP.

El grupo municipal del Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Tarazona mostró ayer su rechazo a la subida general de las tasas, impuestos y precios públicos, debatida en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tarazona por tratarse de un incremento “indiscriminado, antisocial y tremendamente injusto para las familias en particular y la ciudadanía en general”. La subida de tasas fue aprobada gracias a los votos del PP y del concejal de CHA.

El portavoz del grupo municipal de CC-IU, Jesús García Usón, ha denunciado que “bajo la excusa de que se actualiza el IPC, se busca solucionar de manera indiscriminada, la irresponsabilidad gestora de Beamonte y su vanidad electoral”. Añade, “con subidas medias entono al 70% del recibo del agua (entre 50 y 130%), que son mayores para quienes menos consumen y menores para los consumos menos responsables y sostenibles; además del incremento del 30% por la recogida de residuos sólidos para viviendas , mientras que a los bancos sólo sube el 13% y a los supermercados y hoteles el 9%”.

Desde CC-IU, se ha venido reclamando el estudio ajustado de los costes, como la mejor manera de buscar un adecuado equilibrio con los ingresos, pero con progresividad y no indiscriminadamente, todo ello “para tratar de solucionar la situación de inestabilidad presupuestaria que, desde que es alcalde Beamonte, atraviesa el Ayuntamiento”, según García Usón.

El concejal señala que “Beamonte volvió a su tono grueso y fácil para menospreciar como ‘mamarrachadas’ las propuestas de CC-IU y a renglón seguido defender el establecimiento de una nueva cuota fija por el consumo de agua, para todos igual, como medio que evite la picaresca; pagando así justos por pecadores”.

Además, el PP relativizó las críticas de la oposición por centrarse fundamentalmente en dos ordenanzas de las 22 que se suben un 3% generalizado; lo que Jesús García ha calificado de “desvergüenza ya que tan sólo el incremento del agua y las basuras representará el 80% de la repercusión recaudatoria estimada”.

Por último, García Usón ha mostrado su preocupación por el anuncio del gobierno municipal de externalizar la gestión del suministro de agua, “lo que sumado al reciente incremento desproporcionado, nos lleva a pensar que se sube para que lo rentabilice una empresa privada”.

Precisamente ese inmueble propiedad de la DPZ, el Palacio de Egüaras, inicialmente reservado para usos públicos, se decidió por parte de Lambán (PSOE), con el acuerdo y la complicidad de Beamonte (PP) que sería la iniciativa privada quien lo convirtiese en una hospedería de lujo. Para ello, “echaron” a la empresa adjudicataria de la reforma inicialmente proyectada indemnizándola con más de 200.000 € (dinero público).

Como resultado del desinterés actual de la iniciativa privada en el proyecto hostelero, y el decadente estado del edificio histórico, el actual Presidente de la Diputación y Alcalde de la ciudad decide adjudicar la ejecución de la restauración de la fachada y la consolidación estructural por… ¡200.000 €¡¡¡, ¿para qué?. Adivínenlo… para reafirmar que el Palacio de Egüaras será… una hospedería. O sea que el Estado (lo público) gasta lo de todos, y alguien se lucrará. ¿Quién?

Por otro lado, el Ayuntamiento en Pleno aprobó el incremento del precio anual por encima de lo que a nuestro entender les corresponde a unos “pobrecillos”, FCC, concesionaria del mayor (y más chapucero) contrato de servicios de la historia de la ciudad, que ni tan siquiera son capaces de tratar debidamente a sus trabajadores.

Con todo esto y alguna cosa más, ¿a quién subirán los impuestos, tasas y precios?…, Pues sí, a todos por igual.

En primer lugar, para centrarnos en la información sobre la que posteriormente emitir juicios de valor, de manera resumida, deberemos saber que el Ayuntamiento alquila una nave a un particular, para luego subarrendársela a esta empresa por el mismo valor; se compromete a llevar a cabo unas inversiones de mejora “ad hoc” por un valor estimado de 220.000 €; posteriormente, cada anualidad el municipio abonará una ayuda a la empresa equivalente al importe del subarriendo (72.000 €) condicionada a la contratación laboral de vecinos de la comarca, un mínimo de 5 empleados el primer año, de 18 el segundo y 40 el tercero y sucesivos.

Estudiado el protocolo entre ambas partes que se sometía a votación en el pleno, CC-IU presentó cuatro enmiendas para mejorarlo, dos de carácter técnico, que subsanaban errores contenidos en el acuerdo y otras dos de fondo más político.

Así se incluyeron como objeto de empleos sujetos a la ayuda aquellos que fueran vecinos de la comarca y no sólo del municipio de Tarazona, aspecto este que parecía contar con la conformidad de todos los partidos, pero que no figuraba así en el texto inicial. Y la enmienda cuyo rechazo motivó la posición definitiva de CC-IU, la inclusión de una mínima garantía sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa, ya que no asumen ningún riesgo ni compromiso.

Se trataba de incluir una estipulación como sigue: “ECOVEHICLES S.L. aportará un aval sobre la cantidad equivalente al 60% de la inversión realizada por el ayuntamiento, restándose anualmente una quinta parte de la base avalada hasta el quinto año; como garantía del cumplimiento de los compromisos asumidos …”, que se justificó reconociendo el ímprobo trabajo realizado los pasados años para la atracción de proyectos generadores de empleo a la ciudad (pero no su resultado, que es el que es, y no otro), y deseando el mejor futuro posible para esta iniciativa industrial, que lo será también para Tarazona, pero entendiendo que no suponía lesividad alguna para los promotores empresariales (aproximadamente un coste de 1.000 € sobre una inversión de estas características y a cambio de una ayuda de 72.000 € anuales y un inversión inicial de 220.000 €), considerábamos y seguimos considerando necesaria la aportación de algún tipo de garantía sobre las inversiones y el patrimonio público, y así además figura en el programa electoral del CC-IU. ¿Esto hace inviable el proyecto?

Por otra parte, debemos ser cautos y, aún reconociendo la extrema necesidad de atraer generación de empleo, pensamos que estas ayudas y condiciones suponen un precedente importante y un agravio con las empresas pequeñas y medianas que han venido desarrollando, desarrollan y desarrollaran su actividad en Tarazona.

Tal y como advirtió el Colectivo de Convergencia Izquierda Unida, el reglamento regulador del aparcamiento municipal de camiones de Tarazona ha tenido que ser modificado. El acuerdo plenario ha venido a dar la razón a los argumentos esgrimidos por el concejal Jesús García Usón, quien puso de manifiesto la desastrosa tramitación del expediente ya hace más de dos años y especialmente en lo referente a su memoria económica.
“El Gobierno municipal ha creado un servicio público, consciente de que iba a ser deficitario –apunta Usón-, pero desde CC-IU creemos que hay otros servicios públicos básicos por los que sí merece la pena endeudarse”.
La aseveración realizada en el pasado pleno del Ayuntamiento de Tarazona por su Alcalde y, a la vez Presidente de la Diputación Provincial, sobre el final del plan de empleo, puso en evidencia las deficiencias del reglamento sobre el aparcamiento público municipal de camiones, resaltadas por el portavoz de CC-IU en la tramitación de elaboración del mismo.
Ya entonces, Jesús García, denunció que “no salían las cuentas”. Y es que, “a pesar de que de forma experimental se pusiera en marcha el servicio con trabajadores del Plan extraordinario de empleo en los ayuntamientos de la DPZ, no estaban contemplados todos los gastos”. Además añade: “Pusimos en marcha un servicio de manera estructural, con unas consideraciones coyunturales y excepcionales; las notas de continuidad y regularidad en su prestación, debieron ser consideradas en la memoria ya que, finalizadas las subvenciones del plan de la DPZ, se pudiera transformar inevitablemente en un servicio externalizado”.
Los datos ofrecidos en el pleno de martes por Beamonte muestran unos gastos de 47.000 € frente a 6.000 € de ingresos, lo que finalmente a confirmado los temores y la realidad vaticinada por CC-IU.

 Colectivo de Convergencia – Izquierda Unida reclama los fondos presupuestados en este ejercicio y destinados a financiar las medidas programadas en el Plan de Zona de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, aprobado dentro del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de Aragón, cuya retención fue anunciada el martes por el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

 “A finales de junio conocimos la decisión de la Administración del Estado de bloquear la financiación del PDRS aragonés por incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo que motivó un rechazo unánime, incluido el PP, en instituciones ante las mociones presentadas por IU, donde exigió a los ministerios de Medio Rural y de Economía desbloquear las partidas, a través de las cuales se articulan importantes medidas e inversiones para mejorar de las condiciones de vida de los habitantes de medio rural”, explica Miguel Aso, portavoz de IU en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón.

 Adolfo Barrena, Coordinador General de IU, censuró el anuncio de Bermúdez de Castro para recortar el gasto de 28 millones de euros para inversiones en el medio rural, representando el 56% del recorte total anunciado, máxime –indicó el diputado- cuando horas antes, en comparecencia parlamentaria, el Consejero no hizo ninguna mención al respecto”.

 Desde el Grupo comarcal de CC-IU, Jesús García Usón, consejero Comarcal y miembro del Consejo del Medio Rural de Aragón en representación de IU, “este nuevo revés, ahora lanzado desde la gestión del PP, es un duro golpe para las expectativas depositadas en la elaboración del Plan de Zona de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, con la participación de todos los grupos políticos y representantes del tejido asociativo de la comarca”.

 En el presente ejercicio, explica García Usón, “contábamos con casi 800.000 € programados, de los que destacan 300.000 € para adquisición y adecuación del centro de emprendedores en Tarazona, 67.000 € en la construcción de una nave industrial para facilitar la instalación de empresas, 50.000 € destinados a la formación en agricultura ecológica o 70.000 en el fomento de la ganadería extensiva en conservación de los sistemas forestales, y la mejora de los equipamientos municipales de los pueblos de la comarca (ahorro energético, pavimentación y mejora de zonas verdes) por valor de 278.000 €”.

 Para CC – IU, “el nuevo Presidente de la Comarca deberá abanderar la reivindicación, ante el Gobierno de Aragón (PP) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural (PSOE), y posteriormente dar las explicaciones al Consejo del Medio Rural de la Comarca”.

El grupo municipal del Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Tarazona ha presentado una moción, para su debate y aprobación en el pleno de mañana, en la que reivindica el desbloqueo del Plan de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2011-2015.

El texto presentado por CC-IU exige a los ministerios de Medio Ambiente Rural y Marino y de Economía desbloquear esta partida presupuestaria, “a través de la cual se articulan importantes medidas e inversiones para mejora de las condiciones de vida de los habitantes de medio rural”, señala el portavoz del grupo municipal de CC-IU, Jesús García Usón, quien explica que “son medidas destinadas al fomento de la actividad económica y el empleo,  a la prestación de servicios, la mejora de infraestructuras y equipamientos, a la valorización de los recursos turísticos y a la conservación del medio ambiente”. En definitiva, “inversiones vitales para nuestros municipios, en estos momentos tan críticos”, añade.

A su entender, “dentro de los planes de zona hay medidas e inversiones que ya se han reflejado en el presupuesto del propio Ayuntamiento de Tarazona”. “Además, -apunta- en los Planes de Zona se incluyen proyectos reales que hoy se encuentran bloqueados y que resultan imprescindibles para el desarrollo de nuestros pueblos”.

El concejal recuerda que “el Plan de Zona de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, se elaboró cumpliendo los plazos fijados, con el trabajo de los representantes del tejido asociativo y todos los grupos políticos y supone un montante de 4,13 millones de euros cofinanciados por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma; repartidos en medidas para el fomento del empleo y la actividad económica, la mejora de las infraestructuras y los servicios o la preservación del patrimonio  y el medio ambiente.